En opinión del alcalde provincial de Celendín, Jorge Urquía la ejecución del Proyecto Central Hidroeléctrica Chadín 2 está en manos de los pobladores de la zona de influencia directa y de la empresa. En ese sentido, la autoridad local expresó que serán las comunidades de la ribera del río Marañón quienes decidan el futuro de Chadín 2.
“Lo importante es consultarle a la población. Los impactos que va a experimentar Celendín son más económicos que ambientales. Si se logra (el acuerdo entre empresa y población) el proyecto saldría adelante”, refirió Urquía, en un claro deslinde con la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), que en luchas anteriores en contra del proyecto minero Conga, acogió al entonces candidato del Movimiento de Afirmación Social (MAS) y ahora se ha convertido en la principal opositora a la ejecución de proyectos de desarrollo en territorio celendino.
La autoridad edil, contrario a lo que piensa sobre la zona de influencia directa en cuanto a la minería en Celendín, dejo en claro que para que vaya Chadín 2, tienen que ser las comunidades directamente afectadas por el proyecto quienes decidirán si va o no va.
Cabe precisar que para la solución al conflicto por Conga, Urquía Sánchez siempre ha estado en contra de que las comunidades de la zona de influencia directa, decidan la viabilidad del mencionado proyecto cuprífero, toda vez que –en opinión de Urquía- se encuentra en “cabecera de cuenca”.
En ese sentido, el burgomaestre provincial dejo bien zanjada su posición en cuanto a la ejecución de proyectos hidroenergéticos, al referirse que “las inversiones que signifiquen reemplazar la (generación de) energía producto de la quema de combustibles fósiles por energía del agua, serán bienvenidas” y corresponde a la empresa y comunidades ponerse de acuerdo para ejecutar el proyecto hidroenergético Chadín 2.
HABLA SOBRE EL CANON MINERO:
En otro momento Urquía Sánchez, señaló que la Municipalidad Provincial de Celendín también se ha visto afectada por la disminución del canon minero, lo que obliga a la autoridad a solicitar financiamiento para cumplir sus promesas de campaña al gobierno central y plasmar lo ofrecido.
Urquía se quejó de tal situación y alegó que el gobierno central no es equitativo en la repartición del presupuesto. “Ellos administran más del 70 por ciento del presupuesto y lo que queda nos dejan a las autoridades locales”, concluyó.